Violencia basada en género y derechos sexual: Su intersección en la vida de las mujeres

Jimena Valades, Oficial de Programas - Aborto Seguro

La sesión número 57 de la Comisión sobre la Condición de la Mujer empezó la semana pasada en Nueva York, y tendrá como enfoque la eliminación y prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Nueve de los cuarenta y cinco países que conforman la Comisión, encargados de negociar las conclusiones consensuadas, provienen de América Latina y el Caribe. Sin dudas, cada uno de los países participantes de la región (y del mundo) tiene interés en este gran evento. La violencia basada en género (VBG) continúa siendo una realidad invasiva en la vida de las mujeres y niñas de la región, sin tener en cuenta su religión, contexto cultural o estatus socio-económico. Aunque las raíces de la violencia son muchas y complicadas, el impacto es igualmente enorme y de gran alcance.

En particular, la VBG está vinculada a la salud sexual y reproductiva. Aunque es difícil el enlazarlas en una relación directa y causal, estos dos temas están integrados para formar un telón de fondo importante en las vidas de las mujeres y niñas latinoamericanas y caribeñas.

Experimentar la violencia parece poner en marcha un patrón de salud reproductiva de baja calidad, el cual es difícil de deshacer. Hay estudios globales que muestran que, quienes reportan abuso por parte de su pareja, también reportan una estado de salud general malo, incluyendo la salud reproductiva. Las mujeres que experimentan violencia tienen más probabilidades de reportar depresión, lo cual puede reducir el cuidado de su salud reproductiva. En América Latina en particular, con algunas pocas excepciones, estudios a nivel nacional muestran que mujeres que experimentan violencia física o sexual por sus parejas tienen más posibilidades de tener embarazos no deseados ni planeados. Mujeres que han sido abusadas también reportan una incidencia de pérdida de embarazos y abortos inducidos.

La violencia durante el embarazo también es una preocupación. Aunque la mayoría de mujeres que reportan violencia durante el embarazo ya eran violentadas anteriormente, algunas mujeres reportan que el abuso comenzó durante el embarazo. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente un 50% de mujeres abusadas durante el embarazo, expresaron que el abuso empezó durante el mismo. Esto refuerza la necesidad de integrar exámenes de detección de VBG y derivaciones dentro de los servicios de salud reproductiva, incluyendo el cuidado prenatal.

Aunque el casarse a una edad temprana–considerado por los defensores de derechos como una práctica dañina y una forma de VBG–es generalmente menos común en América Latina que en otros lugares como África y el Sudeste Asiático, esta práctica existe. Esto está unido a una iniciación sexual temprana y forzada, y también a una maternidad temprana, incrementando el riesgo de complicaciones relacionado con el embarazo.

Mujeres y niñas que experimentan VBG pueden no llegar a recurrir a los servicios de salud reproductiva por miedo a que los hechos de violencia sean informados a las autoridades, o miedo a que la violencia recrudezca. Sobrevivientes de abuso, en especial de abuso sexual, también enfrentan vergüenza y el estigma, y pueden ser culpadas por lo que les haya sucedido. Todo esto sirve como barrera, incrementando las posibilidades de complicaciones en la salud reproductiva.

Consideren esto: mujeres en ámbitos de bajos recursos, especialmente aquellas marginadas o en la marginalidad de la sociedad (mujeres pobres, jóvenes, desplazadas, indígenas, VIH positivas, con alguna discapacidad, trabajadoras del sexo) ya enfrentan incontables barreras para acceder a los servicios de salud. Cuando lo hacen, pueden llegar a tener solo tiempo y recursos para acceder a un rango limitado de servicios. Es absolutamente esencial que todas sus necesidades de salud sexual y reproductiva–planificación familiar, exámen de VIH y consejería, y detección de VBG y consejería–se vean satisfechas con un cuidado continuo, cuando esto sea posible.

Mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados–a raíz de la violencia sexual- necesitan acceso a servicios de aborto seguro si así lo requieren. Sin embargo, la vergüenza de la violencia sexual, más el estigma del aborto, hace que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos. América Latina tiene, en este momento, la proporción más alta de abortos inseguros en el mundo, donde se estima que un 95% de los abortos fueron clandestinos. La región también alberga las leyes antiaborto más restrictivas del mundo–en Chile y El Salvador–donde el procedimiento es ilegal bajo toda circunstancia. Entre políticas de salud restrictivas e índices altísimos de violencia sexual y violación, las mujeres se encuentran, muy a menudo, entre la espada y la pared.

Existen otras dos intersecciones teoréticas entre la VBG y la salud sexual y reproductiva. La VBG persiste por razones muy complejas, pero se nutre fundamentalmente de la inequidad entre el hombre y la mujer–la noción tan enraizada que las mujeres son menos valoradas y menos poderosas, o que merecen menos derechos. Son las mismas reglas sociales tan nocivas las cuales permiten que existan políticas restrictivas y un estigma cultural que frena a las mujeres del poder ejercitar sus derechos sexuales y reproductivos.

En definitiva, el tener control sobre nuestros propios cuerpos, y el poder acceder a la información y servicios que nos permiten tomar decisiones sobre nuestros futuros reproductivos, es el reconquistar los derechos–y el poder–que las mujeres se merecen. Esto es la clave para entender y terminar con la VBG.


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