Los derechos sexuales de las personas jóvenes

Alrededor de 14 millones de niñas y mujeres menores de 20 años de edad dan a luz cada año en el mundo[2]. En muchos de estos casos los embarazos son no deseados y ocasionan graves riesgos de salud. Asimismo, entre dos y cuatro millones y medio de adolescentes intentan realizarse un aborto cada año[3].

Estos datos hablan por sí solos. Demuestran que los gobiernos deben reconocer a las y los jóvenes como personas sexualmente activas, garantizándoles sus derechos sexuales y reproductivos mediante políticas, leyes y programas específicos.

Voy a hablarles de un tema que genera incomodidad, que da lugar a intensos debates y que, paradójicamente, no recibe toda la atención que merece. Este tema es el de los derechos sexuales de las personas jóvenes, especialmente de las menores de 18 años de edad.

¿Por qué son importantes las personas jóvenes?

Posiblemente ustedes estén preguntándose: ¿por qué hablar sobre los derechos sexuales de las y los adolescentes? ¿por qué no hablar de los derechos sexuales de todas las personas, de una manera amplia, más allá de consideraciones de edad? Existen tres razones de peso para hacerlo.

La primera tiene que ver con le hecho de que las personas jóvenes tienden a ser más flexibles y están dispuestas a adoptar cambios en sus ideas y conductas. Si, como ha señalado la Dra. Esther Vicente, los derechos se construyen a partir de las prácticas individuales y colectivas, la construcción de los derechos sexuales a nivel social se dará más rápidamente si partimos desde las y los jóvenes.

La segunda razón está relacionada a una cuestión de justicia social. Las personas jóvenes son especialmente vulnerables y se encuentran desproporcionadamente afectadas por diferentes problemas sociales, económicos y de salud. Basta mencionar algunos datos de la realidad para constatar que esto es así. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas el 42 por ciento de las y los jóvenes vive en condiciones de pobreza, con menos de 2 dólares diarios[4]. De los 185 millones de desempleados que existen en el mundo, aproximadamente la mitad son jóvenes[5] y cerca del 50 por ciento de los ataques sexuales que ocurren en el mundo tienen lugar entre mujeres de 15 años de edad o menos[6].

Las personas jóvenes también tienen una mayor propensión a contraer infecciones de transmisión sexual. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, dos terceras partes de las infecciones de transmisión sexual registradas en el mundo ocurren entre personas menores de 25 años de edad, mientras que la mitad de todas las nuevas infecciones por VIH/SIDA se dan entre jóvenes. En América Latina, como en otras partes del mundo, las y los jóvenes encuentran enormes obstáculos para acceder a los métodos anticonceptivos que necesitan para protegerse de este tipo de infecciones. En la República Dominicana, por ejemplo, sólo el 33 por ciento de las personas de entre 20 y 24 años de edad acceden a métodos anticonceptivos modernos, mientras que el acceso entre las personas de 40 a 44 años de edad llega al 72 por ciento.

Podría seguir dando ejemplos como estos todo el día, pero lo que quiero decir, en definitiva, es que quienes tenemos la posibilidad de dar visibilidad a estos temas debemos hablar fuerte y claro. Como ustedes saben, en la mayoría de los países las personas menores de 18 años de edad no tienen derecho a voto. Esta incapacidad de influir en los procesos políticos termina afectando negativamente sus intereses y es responsable, al menos en parte, de situaciones de vulnerabilidad como las que acabo de describir. Es precisamente por este motivo que considero importante colocar la cuestión de los derechos sexuales de las y los adolescentes en la agenda política de los gobiernos.

La tercera razón por la que quiero centrar mi atención en las y los jóvenes es que, si queremos asegurar nuestro futuro como especie y, al mismo tiempo, construir una sociedad mejor, más justa y solidaria, es absolutamente necesario que invirtamos en el desarrollo de las personas jóvenes. Es de interés de toda la sociedad dar a las y los jóvenes la información y las herramientas que necesitan para protegerse y actuar de manera responsable a la hora de iniciar sus vidas sexuales. La adolescencia y la juventud son etapas especiales de la vida, etapas de formación, y las decisiones que se toman en estos momentos, las metas que se fijan y las oportunidades que se reciben pueden llevar a las y los jóvenes por caminos que los beneficien o, por el contrario, que los perjudiquen, no sólo a ellos sino también a sus familias y a la sociedad.

La actual generación de jóvenes es la más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Actualmente existen alrededor de 3.000 millones de personas menores de 25 años de edad, es decir que aproximadamente la mitad de la población mundial está compuesta por jóvenes. Por lo tanto, por una mera cuestión de magnitud, de peso específico dentro del colectivo humano, es importante prestar atención a los derechos de este grupo.

En las últimas décadas, quienes defendemos los derechos sexuales y reproductivos hemos evitado hablar del crecimiento poblacional. Esto se debe a que las ideas neomalthusianas predominantes en el pasado habían sido utilizadas para justificar la negación de los derechos individuales. La preocupación por el rápido aumento de la población ha inspirado políticas coercitivas que buscaban imponer la norma de una familia pequeña, tal como ha ocurrido en la India y China. Por este motivo fue muy importante que en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, llevada a cabo en el Cairo a comienzos de la década de 1990, lográramos cambiar el paradigma y colocar el tema de los derechos como el eje central de las políticas de población.

Pasados 15 años, y comprendiendo claramente la importancia de mantener y ampliar el enfoque de derechos, nos encontramos en una situación que nos permite examinar con objetividad las implicaciones del aumento de la población, sin que esto signifique aceptar un retroceso hacia políticas coercitivas. Actualmente podemos decir con tranquilidad que un menor crecimiento de la población ayudará a resolver uno de los desafíos más importante que enfrentamos: el del calentamiento global y los problemas ambientales, sociales, económicos y políticos que se derivan de este fenómeno. En un reciente artículo, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen analizaba el creciente costo de los alimentos en todo el mundo, señalando que si bien el crecimiento poblacional sólo tiene un impacto menor en la demanda de alimentos, una mayor población puede contribuir al calentamiento global y, por lo tanto, amenazar la sustentabilidad de la producción agrícola.

Si garantizamos los derechos sexuales de las y los jóvenes, si les facilitamos los medios que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sobre el número de hijos que desean tener y cuándo tenerlos, si les brindamos educación y oportunidades económicas que les permitan tener condiciones dignas de vida, y si ayudamos a evitar situaciones como los embarazos no deseados y la maternidad precoz, lograremos un mundo más justo y también una reducción en las tasas de fecundidad y un retraso en el inicio de la maternidad y la paternidad. Creo que es evidente cómo contribuye una caída en las tasas de fecundidad a frenar el crecimiento poblacional, por lo que no voy a detenerme en este tema. El segundo punto, el del retraso en el inicio de la maternidad y la paternidad, es menos claro, y por eso quiero dedicarle algunos minutos.

El hecho de que un joven o una joven esperen para tener su primer hijo es especialmente importante como consecuencia de un fenómeno que los demógrafos llaman “inercia poblacional,” el que hace referencia al porcentaje de la población que se encuentra en edad reproductiva. Cuanto mayor es la proporción de la población en edad reproductiva, mayor será el crecimiento poblacional en el futuro, porque existe un importante número de personas jóvenes que empezarán a tener hijos en poco tiempo. Esto significa que la población seguirá creciendo aun cuando las tasas de fecundidad disminuyan y lleguen al nivel de reemplazo poblacional. Lo importante, entonces, es que cuanto más temprano empiecen las y los jóvenes a tener hijos, más rápido (y mayor) será el crecimiento poblacional.

Los derechos sexuales de los jóvenes

Existe una creciente aceptación de los derechos sexuales, pero aún persiste una fuerte resistencia desde los sectores más conservadores hacia estos. Esta resistencia se hace aún más fuerte cuando se trata de los derechos sexuales de las y los jóvenes.

Existe en varios países el acuerdo inicial de que es necesario disminuir los embarazos y el contagio de las infecciones de transmisión sexual entre las y los jóvenes, pero cuando se piensa en las formas para lograrlo no se encuentran consensos ya que se da una desaprobación y negación constante de la vida sexual, los deseos, la diversidad en orientaciones sexuales y los nuevos acuerdos en las relaciones de pareja entre las personas jóvenes. Esta desaprobación existe incluso entre los mismos jóvenes porque tienden a asimilar la cultura dominante.

Pero las dificultades son aun más profundas, porque la propia noción de que las y los jóvenes menores de 18 años de edad tienen derechos —en verdad, que los derechos humanos en general se aplican también a las personas jóvenes— es relativamente nueva, y fue consagrada internacionalmente por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ahora ratificada por 191 países (los únicos países que no lo han hecho son Estados Unidos y Somalia. La Convención ha introducido un nuevo principio en las leyes internacionales que tiene profundas implicaciones: el principio de las capacidades evolutivas del niño.

Las capacidades evolutivas del niño y la niña incluyen su capacidad fisiológica de reproducirse, su capacidad psicológica para tomar decisiones informadas sobre consejería y atención a la salud, y su capacidad emocional y social para asumir comportamientos sexuales en conformidad con las responsabilidades y roles que esto conlleva. Una importante consecuencia para las adolescentes incluye la posibilidad del embarazo, por lo que requieren servicios de salud distintos de aquellos que requerían cuando eran niñas, incluyendo los servicios de planificación familiar, la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el aborto seguro.

La Convención hace hincapié en el desarrollo y la madurez intelectual, la capacidad para entender conceptos complejos, para tomar decisiones informadas y para poder apreciar las posibles consecuencias de éstas. En relación a la sexualidad, la madurez intelectual es, por lo general, considerada junto a la madurez emocional o social. Esto incluye, por ejemplo, la formación de la identidad y la capacidad de decidir, de manera responsable e informada, sobre las relaciones y comportamientos sexuales.

El adolescente como derechohabiente, como decía antes, es un concepto relativamente nuevo. Por otro lado, la vulnerabilidad que presentan las y los niños y sus necesidades de cuidado, consejería y protección por parte de los padres, las familias, comunidades y el Estado es ampliamente reconocida. La doctrina de las capacidades evolutivas de los niños maneja esta doble identidad del niño de manera flexible y contextual para la aplicación de derechos legales y protecciones de acuerdo a las etapas evolutivas de maduración y desarrollo. Este marco es útil para promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los jóvenes y para construir un imaginario social en donde las y los jóvenes son capaces de tomar decisiones informadas y responsables sobre sus cuerpos y sus vidas.

El Comité de los Derechos del Niño, órgano que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, ha expresado su preocupación sobre los altos índices de mortalidad materna, de abortos inseguros, y de la falta de acceso a servicios de adolescentes para la protección de su salud sexual. Sin embargo, el Comité no ha ofrecido lineamientos detallados con respecto a las leyes y políticas de salud sexual y reproductiva y de jóvenes, que sean consistentes con los derechos y las libertades otorgadas por esta Convención y asumidas por los Estados Parte en su ratificación.

Como bien señala un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)[7], el tema de la edad de consentimiento para las relaciones sexuales presenta una serie de dificultades, especialmente en lo que respecta al establecimiento de un equilibrio entre el derecho a la protección y el derecho a respetar las capacidades evolutivas de los y las niñas. Por ejemplo, es posible que algunas personas menores de 14 años de edad sean lo suficientemente maduras para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, mantener relaciones sexuales con otra persona de su edad y evaluar los riesgos que esto conlleva. Otras, por el contrario, no tienen este grado de madurez. La situación se complica aún más cuando las personas menores entablan relaciones sexuales con una pareja mayor de edad que se encuentra en una situación de poder frente al menor.

¿Cómo se resuelven estas tensiones? El Comité de los Derechos del Niño considera que se debe privilegiar la protección de los menores ante posibles abusos de los adultos. De hecho ha exhortado a los gobiernos a aumentar la edad de consentimiento para evitar este tipo de problemas. Por otro lado, el Comité también ha recomendado que la edad mínima para que niños y niñas puedan contraer matrimonio debería ser de 18 años de edad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha emitido recomendaciones en el mismo sentido. La presunción detrás de estas recomendaciones es que resulta imposible que los y las niñas, independientemente de las circunstancias que enfrenten, tengan la madurez suficiente para comprender las consecuencias que conlleva el matrimonio.

Por otro lado el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que “la recomendación de fijar edades mínimas altas para el consentimiento sexual y el matrimonio es problemática. Si la edad de consentimiento sexual coincide con la de matrimonio y ambas se fijan a los 18 años de edad, se criminalizan las conductas que mantienen muchas personas jóvenes en diferentes sociedades en todo el mundo… Más aún, ilegalizar las conductas sexuales reduce la posibilidad de que las personas jóvenes reciban el asesoramiento y cuidados de salud reproductiva que necesitan para su protección y seguridad. Por lo tanto, las medidas diseñadas para brindar protección terminan teniendo el efecto contrario.”[8]

Otro aspecto que cabe destacar es que las y los jóvenes, igual que las demás personas, son diversos. Hay jóvenes que son gays, lesbianas o transgéneros, así como los hay heterosexuales. Hay jóvenes de distintas clases sociales y con diferentes niveles de educación. Hay jóvenes que son trabajadores sexuales, profesionales o desempleados. Hay jóvenes casados y solteros. Los derechos sexuales se aplican a todos ellos.

La IPPF y los derechos de las personas jóvenes

El principio de las capacidades evolutivas de las y los niños fue adoptado por la Declaración de Derechos Sexuales de la Federación Internacional de Planificación de la Familia al afirmar que “los derechos y protecciones garantizados para las personas menores de dieciocho años de edad difieren de los de los adultos y deben tomar en cuenta las capacidades evolutivas del menor como individuo para ejercer sus derechos en su propio nombre.”

La IPPF parte de la premisa de que las personas menores de dieciocho 18 años de edad son titulares de derechos y que en las diferentes etapas de la infancia, la niñez y la adolescencia, ciertos derechos y protecciones tienen mayor o menor relevancia.

Bajo el Artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño se establece que la dirección y orientación proporcionada por las madres, los padres u otras personas con responsabilidad sobre la niña o el niño deben tomar en cuenta sus capacidades de ejercer derechos en su propio beneficio. El concepto de la capacidad evolutiva requiere un equilibrio entre el reconocimiento de las y los niños como agentes activos en sus propias vidas y el derecho a ser respetados como ciudadanos, como personas y como titulares de derechos con una autonomía creciente, a la vez que también tienen derecho a la protección dependiendo de su grado de vulnerabilidad. El concepto reconoce que los niveles de protección relativos a la participación de los menores de edad en actividades que puedan causarles daño, disminuirán gradualmente de acuerdo con el aumento de su capacidad evolutiva.

Las sociedades deben crear ambientes en los cuales las y los niños puedan alcanzar sus capacidades óptimas y donde se de un mayor respeto a su potencial para participar y responsabilizarse por la toma de decisiones sobre sus propias vidas.

Dado que existe una gran diversidad en lo que respecta al nivel de desarrollo de las distintas capacidades, en los derechos sexuales se requiere un enfoque individualizado, basado en la demostración de madurez y en la consideración de las circunstancias particulares de la niña, niño o adolescente específico, tales como su nivel de comprensión, actividades, salud física o estado mental, las relaciones con sus padres u otras partes interesadas, las relaciones de poder entre todas las personas involucradas y la naturaleza del asunto en cuestión.

Para la IPPF la adopción de la Declaración de Derechos Sexuales significa un paso muy importante que dará un mayor impulso a nuestras actividades educativas y nuestros servicios de salud sexual destinados a las personas jóvenes. Asimismo, nos permitirá fortalecer nuestras actividades de incidencia política, exhortando a los gobiernos a que protejan, respeten y promuevan los derechos de las y los jóvenes, especialmente su derecho a la educación sexual.

Pero en la IPPF intentamos ir más allá. No sólo reconocemos y promovemos los derechos sexuales de las personas jóvenes, sino que además tomamos todas las medidas que se encuentran a nuestro alcance para asegurar el ejercicio efectivo de estos derechos. Es decir, vamos más allá de las palabras y pasamos a la acción concreta. Todos los años prestamos un total de 15 millones y medio de servicios de salud sexual y reproductiva a jóvenes de todo el mundo. En América Latina prestamos un total de 5,3 millones de servicios destinados a personas jóvenes. Estos servicios incluyen desde anticonceptivos orales y condones hasta pruebas para detectar y tratar las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. También prestamos servicios de ginecología, consejería en sexualidad y apoyo a jóvenes que son abusados sexualmente, incluyendo servicios de apoyo psicológico, referencias para asesoría legal y servicios de aborto.

En la mayoría de los casos todos estos servicios se prestan en clínicas o centros de salud especialmente dedicados a jóvenes, con profesionales especialmente capacitados para atenderlos y responder a sus necesidades, y con tarifas preferenciales. También llevamos a cabo un fuerte trabajo de difusión de información sobre temas de salud sexual y reproductiva a través de nuestra red de educadores pares, grupos de jóvenes especialmente capacitados que organizan charlas informativas con otros jóvenes de sus comunidades con el fin de socializar información y ayudarlos a cuidarse. Asimismo, reconocemos la diversidad en orientaciones sexuales, implementando actividades educativas para la eliminación del estigma y la discriminación.

El derecho a la educación sexual

La IPPF presta especial atención y trabaja activamente en la defensa del derecho a la educación y a la información en temas de sexualidad. Por ejemplo, nuestras Asociaciones Miembro en América Latina abogan por una educación sexual comprensiva en países donde las escuelas públicas no tratan el tema. Se hace un trabajo sistemático con los políticos y tomadores de decisiones para asegurar que se adopten leyes y programas que permitan que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la información y educación que necesitan para mantener relaciones seguras y placenteras una vez que inicien sus vidas sexuales.

En muchos países del mundo siguen existiendo importantes obstáculos para que las personas jóvenes puedan acceder a una educación sexual adecuada, exacta y basada en conocimientos científicos. Sorpresivamente estos obstáculos no existen únicamente en los países menos desarrollados. Uno de los países más ricos del mundo se ha destacado en los últimos tiempos por negar de manera sistemática este derecho básico a las y los jóvenes, promoviendo un modelo de educación sexual basado en creencias morales y religiosas que ponen en peligro la salud de las personas jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Estoy hablando de los Estados Unidos.

Bajo el gobierno de Bush los Estados Unidos se han dedicado a promover, no sólo a nivel interno sino también internacional, programas educativos que incentivan la abstinencia hasta el matrimonio como el único método seguro para evitar los embarazos y las infecciones de transmisión sexual entre las y los adolescentes.

Se han publicado diferentes estudios científicos, muchos de ellos en revistas prestigiosas como la Journal of Adolescent Health, que demuestran de manera irrefutable que los programas que promueven la abstinencia son ineficientes, no evitan los embarazos entre adolescentes, no retrasan el inicio de las relaciones sexuales, no reducen el impacto de las infecciones de transmisión sexual y, en última instancia, dejan a las y los jóvenes menos preparados para tener relaciones sexuales seguras, placenteras y responsables.

Lamentablemente los efectos de esta situación han empezado a sentirse en la realidad, con un aumento en las tasas de embarazos y de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes norteamericanos. Hace apenas tres meses el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos informó que una de cada cuatro adolescentes de ese país padece al menos una infección de transmisión sexual.

Estas cifras son llamativas en sí mismas, pero resultan todavía más sorprendentes cuando se las compara con las de otras naciones desarrolladas de Europa, donde el Estado promueve un modelo de educación sexual comprensiva y donde existe mayor apertura social y comodidad para discutir temas relacionados a la sexualidad, incluyendo la sexualidad de las y los adolescentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de embarazo adolescente es nueve veces más alta que en Holanda y cuatro veces más alta que en Francia[9]. En Estados Unidos la tasa de abortos es ocho veces más alta que en Alemania[10]. En Estados Unidos la tasa de gonorrea entre adolescentes es 74 veces más alta que en Holanda y Francia[11]. Además, resulta paradójico que a pesar de los esfuerzos del gobierno norteamericano por promover la abstinencia, los jóvenes estadounidenses terminan iniciando sus vidas sexuales prácticamente a la misma edad que los de Francia, Holanda y Alemania y, sobre todo, que tienen un mayor número de parejas sexuales que sus contrapartes europeos[12].

A pesar de esta evidencia concluyente, el gobierno estadounidense sigue invirtiendo alrededor de 170 millones de dólares anuales en estos programas. Los programas de educación sexual comprensiva, mientras tanto, reciben cero financiamiento. Y esto no sólo es preocupante por la salud de las y los jóvenes de Estados Unidos sino también por la de las personas jóvenes de otros países del mundo. La administración de Bush ha estado exportando este modelo de abstinencia a países pobres donde la epidemia del VIH/SIDA está causando estragos. Esta medida no sólo representa un remedio inadecuado para un problema grave. Es un acto de irresponsabilidad e inmoralidad.

Conclusiones

Me gustaría, para concluir, señalar una vez más la enorme importancia de establecer políticas públicas, leyes y programas que permitan a las personas jóvenes ejercer sus derechos humanos en general y sus derechos sexuales en particular. El respeto, la protección y la realización de los derechos de las y los jóvenes es importante no sólo para ellos sino para la sociedad en su conjunto. Al adoptar una Declaración de los Derechos Sexuales, la IPPF espera ayudar a mejorar la comprensión de las implicaciones que tienen los derechos humanos aplicados a la sexualidad, y la construcción de la voluntad política necesaria para que estos cambios ocurran.

Junto a los derechos vienen las responsabilidades. Muchas veces los adultos que se oponen a que las personas jóvenes sean sexualmente activas hablan de responsabilidad, utilizando este concepto de una manera restrictiva. Desde esta perspectiva la responsabilidad sería solamente de las y los adolescentes quienes, individualmente, deberían evitar toda y cualquier clase de riesgo. Este discurso tiende a ser culpabilizante, en tanto coloca sobre las espaldas de las y los adolescentes la responsabilidad por las malas consecuencias que puedan resultar del ejercicio de su sexualidad.

Por considerar injusto culpabilizar a las y los adolescentes cuando no se les ofrece la información y los medios necesarios para que tomen decisiones bien fundamentadas, los defensores de los derechos de las y los adolescentes tienden a evitar el uso del término “responsabilidad.” Creo que sería más constructivo si empezáramos una discusión que permita definir de manera más clara las responsabilidades, no sólo de los adolescentes, sino también de los padres y madres, de la sociedad y de los gobiernos.

En particular, me parece oportuno que desarrollemos los conceptos de la responsabilidad de promover el desarrollo de las capacidades de las y los niños. La capacidad de desarrollar sus propios sistemas de valores, la capacidad de respetar sus parejas sexuales, la capacidad de evaluar riesgos, la capacidad de aceptar la igualdad de género y otras dependen en gran medida de las oportunidades creadas por los padres, las escuelas y la sociedad. Debemos insistir, de manera constante e incansable, en la responsabilidad que tienen los gobiernos de crear este tipo de oportunidades.




[1] Presentado en el 10º Congreso Internacional Interdisciplinario sobre las Mujeres, Mundos de Mujeres 2008. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España, 5 de julio de 2008. Especial agradecimiento a Daniel Parnetti y Alexandra Garita por sus aportes en la preparación del presente artículo.

[2] Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Estado de la Población Mundial 2004, Adolescentes y Jóvenes, Principales Cuestiones de Salud y Desarrollo.

[3] Organización Mundial de la Salud. Pregnant Adolescents: Delivering on Global Promises of Hope, página 4 (Ginebra, 2006).

[4] Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Estado e la Población Mundial 2005, Cartilla informativa sobre adolescentes.

[5] Ibíd.

[6] Fondo de Población de las Naciones Unidas. El UNFPA y los jóvenes, Imagine 2003

[7] Lansdown, Gerison. Las Capacidades Evolutivas del Niño. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 2005.

[8] Ibíd.

[9] Ventura SJ et al. Trends in pregnancy rates for the United States, 1976-97: an update. National Vital Statistics Reports 2001; 49(4):1-10.

Singh S, Darroch JE. Adolescent pregnancy and childbearing: levels and trends in developed countries. Family Planning Perspectives 2000; 32(1):14-23.

Rademakers J. Sex Education in the Netherlands. Paper presented to the European Study Tour. Utrecht, Netherlands: NISSO, 2001.

Panchaud C et al. Sexually transmitted diseases among adolescents in developed countries. Family Planning Perspectives 2000; 32 (1):24-32 & 45.

[10] Ibíd.

[11] Panchaud C et al. Sexually transmitted diseases among adolescents in developed countries. Family Planning Perspectives 2000; 32 (1):24-32 & 45.

[12] Darroch JE et al. Adolescent Sexual and Reproductive Health: A Developed Country Comparison. New York, NY: The Alan Guttmacher Institute, forthcoming in Family Planning Perspectives.

 

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