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Es para mi una gran alegría dirigirme a ustedes en este importante evento. Antes de comenzar quiero felicitar al Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva por sus diez años de vida y por la exitosa colaboración que ha logrado establecer entre el gobierno y la sociedad civil en un área que tanto necesita de este tipo de diálogo. Afortunadamente tienen muchas lecciones que pueden compartir con otros países, especialmente con aquellos donde el gobierno todavía no ha reconocido la importancia de la sociedad civil, o donde los organismos de la sociedad civil se niegan a colaborar con sus gobiernos por temor a perder su independencia y su capacidad de tomar medidas audaces. Por otro lado, también pueden ofrecer lecciones a aquellos países donde la sociedad civil de hecho ya ha perdido su independencia por colaborar demasiado estrechamente con el gobierno. El Grupo Interinstitucional ha tenido la enorme virtud de saber mantener separados los roles de ambas partes, respetándose mutuamente, apoyándose y criticándose de manera constructiva.

También quiero felicitarlos por la importancia y pertinencia de los temas que vamos a tratar a lo largo de los próximos días. Como ustedes saben, el tema de la salud sexual y reproductiva ha cobrado especial relevancia en México luego de las últimas elecciones. En este contexto de transición hacia un nuevo gobierno resulta crucial que se hagan todos los esfuerzos necesarios para consolidar los avances logrados en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de los últimos años.

Tal vez alguno de ustedes recuerde que tres años atrás participé en la Tercera Conferencia Nacional sobre Maternidad sin Riesgos en México. En aquella oportunidad hice referencia a un tema que me generaba especial preocupación. Me referí al riesgo de retroceder ante el embate de las fuerzas conservadoras y fundamentalistas. Esta preocupación, desde luego, sigue siendo tan válida hoy como ayer.

Celebro, asimismo, que estemos discutiendo estos temas precisamente hoy. Como ustedes saben, la semana pasada fue extremadamente importante para todos los que trabajamos en este campo. El resultado de las elecciones legislativas norteamericanas ha abierto la posibilidad de poner límites a los excesos de la administración Bush. También la semana pasada un panel nombrado por Kofi Annan para elaborar recomendaciones de reformas al sistema de las Naciones Unidas aprobó la sugerencia presentada por organizaciones de mujeres relativa a la creación de una nueva entidad al interior de la ONU que cuente con la fortaleza necesaria para implementar políticas que promuevan los derechos de las mujeres, un área históricamente relegada a pesar de los avances conseguidos en la Conferencia de Beijing. Igualmente la semana pasada se aprobó la ley de convivencia aquí en el Distrito Federal, convirtiendo a México en el tercer país latinoamericano en reconocer la igualdad de derechos a las parejas homosexuales y lesbianas. Por otro lado, en un plano menos alentador, la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa nicaragüense de una ley que elimina el acceso legal al aborto terapéutico marca una gravísima señal de alerta sobre los riesgos de retrocesos que seguimos enfrentando en nuestra región.

Me dirijo a ustedes en el día de hoy, por lo tanto, llena de preocupación pero también llena de esperanzas. Preocupación porque los intereses electoralistas y oportunistas siguen prevaleciendo sobre la vida y las necesidades de las mujeres. Preocupación porque las fuerzas progresistas todavía no han sido capaces de articular una estrategia efectiva que permita llegar a la mayoría de la población con un mensaje claro y convincente sobre la importancia de contar con un estado laico. Preocupación porque los sectores más pobres de nuestras sociedades siguen ejerciendo una ciudadanía de segunda, donde no se les respetan sus derechos humanos más elementales, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Preocupación porque, tal como señala una reciente publicación de The Lancet, la OMS alerta que el sexo sin protección sigue constituyendo el segundo factor de riesgo de morbilidad y mortalidad en los países más pobres del mundo, mientras que la violencia durante el embarazo sigue siendo más común que otros padecimientos que reciben mayor atención, tales como la hipertensión y la preclampsia.

Pero también me encuentro llena de esperanzas. Esperanzas porque actualmente existe un gran número de personas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social, y con el empoderamiento de las mujeres. Esperanzas porque existen hoy muchísimas investigaciones que pueden ayudar a desarrollar políticas públicas que permitan atender las necesidades de todos y todas. Esperanzas porque hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, están cambiando sus conductas cotidianas, construyendo relaciones más igualitarias y placenteras.
 
Me han pedido que hable sobre los desafíos que existen en el marco de las Metas de Desarrollo del Milenio para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva. Como ustedes saben las metas fueron aprobados en Monterrey en el año 2000 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y constituyen, por lo tanto, una plataforma internacionalmente aceptada para el desarrollo. Las metas representan un salto cualitativo con respecto a iniciativas anteriores ya que cuentan con tres ventajas que considero claves: primero, tienen el aval político de un gran número de naciones; segundo, son sumamente concretas y operativos, de hecho incluyen ocho metas desagregadas en objetivos cuantificados y en plazos de implementación claros; y tercero, son realizables.

Las Metas del Milenio tienen el enorme mérito de ofrecer un plan general de desarrollo que asigna responsabilidades concretas a la comunidad internacional y a los países. Tienen, además, la ventaja de que pueden ser usadas por la sociedad civil como una herramienta para monitorear las acciones de sus gobiernos en el campo del desarrollo y exigir resultados concretos.

Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, muchos de nosotros y nosotras lamentamos profundamente que las metas no hayan incluido entre sus postulados el tema de la salud sexual y reproductiva, una falla muy grave que atenta contra su fin último. El lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra invisibilizado en las metas, lo que resulta llamativo luego de la alta exposición que tuviera en las conferencias de El Cairo y Beijing. Ante esta ausencia cabe preguntarse, ¿es posible alcanzar las metas dejando de lado las lecciones y principios que se desprenden de estas dos conferencias internacionales? ¿Es posible alcanzar las metas sin prestar atención a los derechos sexuales y reproductivos? La respuesta es un no rotundo.

Con el fin de subsanar esta falencia y de volver a colocar a los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la agenda internacional del desarrollo, la organización en la que trabajo, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, realizó un trabajo coordinado con otros actores de la sociedad civil y algunas agencias de las Naciones Unidas. En agosto de 2005 organizamos un foro subregional en Brasilia, conjuntamente con el Gobierno de Brasil, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONUSIDA y UNIFEM, que contó con la participación de ministros, parlamentarios, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil de 9 países de la región. En ese foro se aprobó de manera unánime una declaración donde se exhortó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a llevar una postura regional común a la Cumbre Mundial 2005 y a destacar la importancia de incorporar la salud sexual y reproductiva para alcanzar las metas.

Afortunadamente esta iniciativa, en conjunto con otras semejantes, parece haber surtido el efecto esperado. El documento resultante de la Cumbre mencionó de manera explícita la necesidad de impulsar el acceso universal a la salud reproductiva para el año 2015.

Posteriormente, el pasado mes de octubre, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó un informe ante la Asamblea General donde tomó nota de los resultados de la Cumbre y recomendó incluir un nuevo objetivo que apunte a lograr el acceso universal a la salud reproductiva para el año 2015. Este es un paso importante en la dirección correcta.

La ardua batalla que hemos librado por la inclusión de la salud sexual y reproductiva en las metas comienza a rendir sus frutos, a pesar de los duros obstáculos que debimos enfrentar y superar a lo largo de este camino. Como todos ustedes recuerdan, el gobierno norteamericano, con el apoyo de los fundamentalistas religiosos de diferentes países, hizo todo lo posible para evitar esta inclusión. Pero fracasó en gran parte por los esfuerzos que hicimos las personas preocupadas por el bienestar y el progreso de la humanidad. Debemos celebrar este triunfo, esta victoria de David contra Goliat.

¿Y ahora qué? No debemos mantener una actitud complaciente. Debemos evitar dormirnos en lo laureles, debemos seguir avanzando, enfrentando los obstáculos que aún hoy nos impiden garantizar el acceso de todos y todas a la salud sexual y reproductiva. Me gustaría hablarles, por lo tanto, de cinco obstáculos concretos que impactan con especial fuerza en nuestra región.

Comenzaré por el tema de las desigualdades. Como todos ustedes saben América Latina tiene el triste privilegio de ser la región más inequitativa del mundo. Si bien en términos de ingreso per cápita somos más ricos que algunas regiones, en términos de desigualdad nos encontramos en el último puesto del ranking, incluso detrás de África.

Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son simplemente escandalosas. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en América Latina el quintil superior se apropia de entre un 42% (Uruguay) y un 62% (Brasil) de los ingresos totales mientras que el 20% de los hogares más pobres capta entre el 2% (Bolivia) y el 9% (Uruguay) de los ingresos totales. Esta desigualdad obscena se encuentra en la raíz de muchos de los problemas que afectan a nuestra región.

Pero la desigualdad económica no sólo es mala en sí misma sino que además se auto-perpetúa y dificulta el combate contra la pobreza. Existen diferentes estudios que demuestran claramente que los hijos de las personas pobres tienen un acceso muy limitado a los servicios sociales más básicos, incluyendo a la salud y la educación. Los hijos de los pobres, por lo tanto, terminan con altas probabilidades de no conseguir empleos de calidad y de permanecer en situaciones de precariedad al llegar a su vida adulta, lo que contribuye a reforzar el círculo vicioso de la pobreza. La falta de oportunidades se transmite de manera cuasi hereditaria: padres pobres, hijos pobres y nietos pobres.

Desde luego que la desigualdad en los ingresos se manifiesta y tiene impacto en todos los ámbitos de la vida. La salud es un ejemplo claro de ello. El Banco Interamericano de Desarrollo muestra que existe una fuerte correlación entre la desigualdad en la distribución del ingreso y las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. La salud sexual y reproductiva, por supuesto, no escapa a esta realidad. Permítanme enseñarles un gráfico que ilustra las desigualdades en la atención del parto entre los sectores más ricos y más pobres. (Diapositivia 1). Vemos que en todos estos países las desigualdades son sumamente marcadas.

Estas desigualdades generan consecuencias muy graves, incluso restringiendo el derecho a la vida de las mujeres más pobres. En América Latina cada año mueren entre 20 y 25 mil mujeres como consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo. Algunos de nuestros países y zonas más pobres presentan niveles de mortalidad cercanos a los de África Subsahariana, que son los más altos del mundo. Haití tiene el nivel más alto, con 600 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esta situación es escandalosa e inadmisible. Estas muertes pueden evitarse fácilmente a través de programas de prevención y de atención para las embarazadas que requieren de tecnologías sencillas y de bajo costo. Lo único que hace falta es voluntad política.

En lo que respecta al acceso a métodos anticonceptivos también se observa una situación de marcada inequidad. En nuestra región la demanda insatisfecha de anticonceptivos en el quintil más alto es del 13% mientras que en el quintil más bajo es del 42%. En regiones como Asia Central, que también se encuentran en vías de desarrollo, las diferencias entre los quintiles más pobres y más ricos son mucho menores: de sólo 3 puntos porcentuales. (Diapositiva 2)

Como consecuencia de esta situación, las tasas de fertilidad son elevadas o muy elevadas entre el 20% más pobre de la sociedad: en Guatemala la tasa es de 7,6 hijos, en Perú de 5,5 e incluso en Brasil, un país que cuenta con un grado de desarrollo más alto, es de 4,8 hijos. Las diferencias en niveles de fertilidad entre los quintiles más pobres y más ricos en América Latina son las más altas del mundo según Naciones Unidas.

Las desigualdades también se manifiestan en las tasas de fertilidad adolescente. En Venezuela la tasa es de 33 por mil para el quintil más rico y de 173 por mil para el quintil más pobre. Más de cinco veces más alta entre las niñas pobres.

Los datos que acabo de mencionar demuestran claramente que en nuestra región existe un acceso asimétrico a los servicios de salud reproductiva que se traduce en un ejercicio asimétrico de los derechos humanos, ya se trate del derecho básico a la supervivencia o de los derechos reproductivos más elementales. En general las personas más pobres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva ni a la información que necesitan para llevar adelante una vida digna. Y porque carecen de este tipo de acceso terminan siendo vulnerables a situaciones tales como embarazos no deseados, morbilidad y mortalidad materna, infecciones por VIH o hechos de violencia sexual que los hunden aún más en la pobreza.

Esta situación es triste de por sí, pero es todavía más triste porque podría evitarse. Tenemos los métodos anticonceptivos necesarios para evitar los embarazos no deseados. Tenemos las tecnologías necesarias para llevar adelante embarazos sin complicaciones. Tenemos la capacidad de enseñar conductas sexuales seguras. Tenemos la capacidad de tratar la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Tenemos la capacidad de hacer abortos seguros ya sea con medicamentos o mediante aspiración.  Lo que no tenemos es la voluntad necesaria para usar todos estos recursos de manera amplia.

En síntesis, para poder alcanzar las metas los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar de manera coordinada, garantizando el acceso de todas las personas, independientemente de su extracción social y económica, a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Permítanme pasar ahora al segundo obstáculo, que tiene que ver con el escaso empoderamiento de las mujeres en nuestra región. En América Latina, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres sufren una serie de desventajas con respecto a los hombres, que van desde el trabajo doméstico no remunerado hasta la discriminación salarial, pasando por la desigualdad en el acceso, uso y control de los recursos productivos. Además, el bajo nivel de empoderamiento de las mujeres también impide que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera plena aún cuando este tipo de servicios se encuentren disponibles. Como consecuencia de estas desigualdades las mujeres tienen una participación desproporcionada entre los pobres.

Las metas tienen la ventaja de colocar el tema del empoderamiento de la mujer como un aspecto central para el desarrollo a través de su objetivo tercero. Sin embargo, ponen el acento casi exclusivamente en el campo educativo, apuntando a eliminar las diferencias de género en los diferentes niveles de enseñanza. Si bien este es un fin loable, resulta poco relevante para nuestra región porque América Latina ya ha alcanzado en gran medida la paridad educativa entre hombres y mujeres. Según la CEPAL, la equidad en el acceso a la educación primaria fue conquistada en la década del 90, mientras que en la educación secundaria y terciaria las mujeres ya han superado la tasa de matrícula masculina. Resulta necesario, entonces, dirigir nuestra atención hacia temas más urgentes, tales como la lucha contra la violencia basada en género, una mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral, la igualdad de pago ante iguales tareas y una mayor participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones políticas.

Me gustaría detenerme brevemente en este último punto, el de la participación política de las mujeres, porque entiendo que es clave para empezar a solucionar todos los demás. La igualdad en política es importante para asegurar una adecuada representación de los intereses y necesidades de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Además, un mayor grado de participación política femenina ayuda a mejorar la calidad de las instituciones. Diferentes estudios demuestran que existe una correlación positiva entre una mayor participación política femenina y una disminución en los niveles de corrupción. Por último, los países que tienen niveles altos de participación política femenina son más inclusivos, más igualitarios y, en definitiva, más democráticos.

En nuestra región, en promedio, la proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales es de 16%, con excepciones como Cuba, Costa Rica, Argentina y Guyana que se ubican por arriba del 30%. Para avanzar hacia sociedades más inclusivas, igualitarias y democráticas debemos corregir este desequilibrio.

El Proyecto del Milenio, conformado por solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas para elaborar estrategias prácticas que permitan alcanzar las metas, ha identificado a través de su Grupo de Trabajo sobre Educación e Igualdad de Género, en el que tuve el privilegio de participar, seis prioridades estratégicas para alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Estas van desde la necesidad de garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos hasta utilizar cuotas para aumentar la participación de las mujeres en los órganos políticos. En nuestra región existen once países que cuentan con leyes de cuotas que apuntan a aumentar la representación política de las mujeres.
 
Como les contara al principio, existe actualmente una iniciativa promovida por organizaciones internacionales de mujeres que apunta a solucionar este problema y que consiste en impulsar la creación de una nueva entidad en el seno de la ONU que se ocupe pura y exclusivamente de promover el empoderamiento de las mujeres a escala global. Sin una entidad que lidere el trabajo en este campo la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres seguirán siendo responsabilidad de todos y, por lo tanto, de nadie.

Las cuotas a nivel nacional y la nueva entidad en la ONU constituyen pasos importantes para generar mayor equidad de género. En general, para alcanzar el objetivo que hace referencia al empoderamiento de las mujeres, la sociedad civil y el gobierno deben trabajar de manera coordinada y conjunta para impulsar una agenda que permita la ampliación acelerada de los derechos de las mujeres, especialmente en el campo político.

Pasemos ahora al tercer obstáculo, que tiene que ver con la meta referente a la lucha contra el VIH/SIDA. Con la escasa integración que existe entre los programas que apuntan a combatir el VIH/SIDA y los programas de promoción de la salud sexual y reproductiva no será posible alcanzar esta meta.

Las tasas de prevalencia del VIH/SIDA son altas en el Caribe pero no tan altas en América Latina. Debemos tomar en cuenta, sin embargo, el rápido crecimiento que presenta la epidemia en toda la región, especialmente en América Central, así como el hecho poco conocido, pero analizado por el Banco Mundial, de que en relación al total de enfermedades infecciosas, la participación del SIDA tiende a ser más alta en nuestra región que en cualquier otra parte del mundo. (Diapositiva 3).
   
Facilitar la integración entre la lucha contra el VIH/SIDA y los programas de salud sexual y reproductiva resulta de crucial importancia para lograr avances significativos en la lucha contra este flagelo, especialmente si consideramos que la mayoría de los nuevos casos de infección se dan por vía sexual o se encuentran vinculados al embarazo, el parto y el amamantamiento. Asimismo, tanto el VIH/SIDA como los demás problemas vinculados a la salud sexual y reproductiva responden a un cúmulo de causas comunes, incluyendo las desigualdades de género, la pobreza y la marginación. Por tal motivo, resulta lógico y conveniente tratar estos temas de manera coordinada.

El cuarto obstáculo o aspecto pendiente tiene que ver con la necesidad de generar la voluntad política necesaria para impulsar estos temas al interior de nuestros países. Pero las agencias internacionales que trabajan en este campo están abandonando nuestra región. (Diapositiva 4). Entre 1999 y 2004 la asistencia de las fundaciones norteamericanas a nuestra región se redujo en un 50%. (Diapositiva 5). De USAID recibimos más o menos la mitad de lo que recibe África. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la agenda de los derechos reproductivos en el pasado fueron financiadas por organismos internacionales. Ahora este financiamiento se está agotando y debemos buscar otras fuentes de recursos que nos permitan seguir llevando adelante nuestra misión. Debemos ser creativos en nuestras relaciones con los gobiernos, con los individuos y las empresas para poder tener los recursos necesarios para seguir promoviendo esta agenda.

Por último, el quinto obstáculo tiene que ver con la meta de la reducción de la mortalidad materna. Esta meta no se podrá alcanzar sin que se garantice el goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos, modificando los marcos legislativos restrictivos en materia de aborto. Es de crucial importancia que movilicemos la opinión pública y que galvanicemos el apoyo político necesario para cambiar estas leyes restrictivas que impactan de manera negativa y desproporcionada en la vida de las mujeres de menores recursos, las que se ven obligadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo que en muchas ocasiones terminan causando su muerte o generándoles serias complicaciones de salud. Vemos que en la mayoría de los países de nuestra región ya existen diversas causales que despenalizan el aborto pero también observamos que se levantan barreras que dificultan el acceso al mismo, delegándose el poder de decisión en los prestadores/as de salud, en los comités de ética de los hospitales o en los jueces.

Hemos alcanzado algunos avances en el curso de los últimos años en este campo, como la mayor apertura legal en Colombia, Guyana e incluso en la Ciudad de México y debemos celebrar esto triunfos. Pero seguimos enfrentando serios riesgos de retrocesos, tal como lo evidencia la reciente aprobación de una ley reaccionaria en Nicaragua que prohíbe todo tipo de abortos.

Una señal de la creciente importancia que se le está asignando a este tema se refleja en el hecho de que cinco gobiernos europeos han destinado un total de diez millones de dólares para financiar un Fondo Global sobre Aborto Seguro que es administrado por la IPPF y que al día de la fecha ya ha recibido 200 aplicaciones de diferentes regiones del mundo.

En conclusión, quiero señalar que las metas, aun con todas sus debilidades, pueden contribuir a alcanzar una visión de derechos humanos y, desde luego, de derechos sexuales y reproductivos, permitiendo el pleno desarrollo de las personas y dando lugar al pleno goce de la ciudadanía.

Si bien resulta evidente que existen vínculos claros entre las metas y el marco de derechos humanos, esto no significa que las políticas que implementan los gobiernos para alcanzarlas se ajusten automáticamente a los estándares de los derechos humanos. Por lo tanto, las metas deben ser más claramente embebidas de un enfoque de derechos. Para que las políticas nacionales que apuntan a alcanzar las metas en efecto incluyan un enfoque de derechos humanos las mismas deberán reconocer a las metas como obligaciones estatales. De esta manera las demandas que capturan las metas pasarán a convertirse en derechos exigibles.

El enfoque de derechos humanos destaca el hecho de que el desarrollo se encuentra vinculado al concepto de libertad entendido en un sentido amplio: libertad frente a la miseria y el sufrimiento, frente al hambre, el analfabetismo, las enfermedades y la inseguridad. La pobreza y los bajos niveles de desarrollo se relacionan con la ausencia de respeto, de dignidad y con la incapacidad de las personas de elegir entre diferentes opciones. El grupo social para el que más importancia tiene la correcta aplicación del marco de los derechos humanos es para los pobres y los marginados, que son precisamente las mismas personas que tiene un mayor interés en que se alcancen las metas. Es evidente que sin un enfoque de derechos humanos resulta imposible alcanzar las metas.