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Antes de comenzar permítanme decirles que para mi es un gran honor estar con ustedes en este evento tan importante. Quiero felicitar expresamente a los organizadores del seminario, al Congreso de los Diputados de España, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, por la excelente idea de reunir a legisladores y representantes de los gobiernos iberoamericanos para tratar un tema tan importante para el desarrollo de nuestros países como el de la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy segura que el seminario será sumamente exitoso y que a lo largo de estos cinco días de trabajo podrán intercambiar experiencias enriquecedoras y salir llenos de energías para enfrentar y dar soluciones concretas a los graves problemas de desigualdad que padecen millones de mujeres en nuestra región.

El tema que van a tratar es de importancia clave. Es tan importante que el empoderamiento de las mujeres y la equidad entre los géneros es un de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como ustedes saben representan un plan de desarrollo internacionalmente acordado por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y se lo reconoce como un factor fundamental para el desarrollo de las naciones. El hecho de que los Objetivos del Milenio hablen de manera expresa de este tema es importante porque coloca al empoderamiento de las mujeres como un asunto central en la agenda de políticas internacionales para el desarrollo.

Permítanme detenerme brevemente en el tema del acceso a los servicios de salud reproductiva, porque creo que es una cuestión de importancia fundamental que no siempre recibe la atención que merece. El prestigioso Proyecto del Milenio, que como saben fue conformado por solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas para elaborar estrategias prácticas que permitieran alcanzar los Objetivos del Milenio, identificó a través de su Grupo de Trabajo sobre Educación e Igualdad de Género siete prioridades estratégicas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Una de estas prioridades es precisamente la de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El Grupo de Trabajo, en el que tuve el privilegio de participar junto a otros expertos de renombre, señaló que cuando las mujeres tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se encuentran más empoderadas para tomar decisiones sobre sus propias vidas y por lo tanto se reducen las desigualdades de género. Por ejemplo, el acceso a los servicios de planificación familiar les permite a las mujeres establecer un equilibrio entre el tamaño de sus familias, su desarrollo profesional y la posibilidad de generar ingresos propios y no depender económicamente de sus parejas. Tener el control de su fecundidad les permite acceder a posibilidades de educación en niveles más elevados y a mejores opciones laborales. En definitiva, la salud sexual y reproductiva es un factor clave para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades, para que puedan aprovechar las oportunidades económicas y políticas que se encuentran a su alcance y para que puedan tomar las riendas de su propio destino.

Lamentablemente muchas de las mujeres de nuestra región se encuentran lejos de esta situación en tanto no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera plena. Y esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres que viven en condiciones de pobreza. La desigualdad en términos de ingresos que caracteriza a nuestra región y la convierte en la más inequitativa del mundo se repite en el plano de la salud reproductiva. Como pueden observar en el gráfico que aparece en pantalla, por ejemplo, las desigualdades en la atención del parto entre los sectores más ricos y más pobres son sumamente marcadas en nuestros países. (Diapositiva 1).

Estas desigualdades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva generan consecuencias muy graves e incluso restringen el derecho a la vida de las mujeres más pobres. Debemos recordar que en América Latina cada año mueren entre 20 y 25 mil mujeres como consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo. Algunos de nuestros países y zonas más pobres presentan niveles de mortalidad cercanos a los de África Subsahariana, que son los más altos del mundo. Haití, por ejemplo, tiene el nivel más elevado de nuestra región con 600 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.

Los sectores sociales más acomodados, además, siempre tienen un acceso mayor a los servicios de salud en general. Es notable, sin embargo, que las desigualdades son más marcadas en el acceso a los servicios de salud reproductiva. En el caso de la atención del parto por personal calificado, por ejemplo, los sectores más ricos tienen un acceso cinco veces más alto que los pobres. (Diapositiva 2).
En lo que respecta al acceso a métodos anticonceptivos también se observa una situación de marcada inequidad. En nuestra región la demanda insatisfecha de anticonceptivos en el quintil más alto es del 13% mientras que en el quintil más bajo es del 42%. En regiones como Asia Central, que también se encuentran en vías de desarrollo, las diferencias entre los quintiles más pobres y más ricos son mucho menores: de sólo 3 puntos porcentuales. (Diapositiva 3).

Como consecuencia de esta situación, las tasas de fertilidad son elevadas o muy elevadas entre el 20% más pobre de la población: en Guatemala la tasa es de 7,6 hijos por mujer, en Perú de 5,5 e incluso en Brasil, un país que cuenta con un grado de desarrollo más alto, es de 4,8 hijos por mujer entre los sectores de menores recursos. Las diferencias en niveles de fertilidad entre los quintiles más pobres y más ricos en América Latina son las más altas del mundo según las Naciones Unidas.

Las desigualdades también se manifiestan en las tasas de fertilidad adolescente. En Venezuela la tasa es de 33 por mil para el quintil más rico y de 173 por mil para el quintil más pobre. Es decir, más de cinco veces más alta entre las niñas pobres. La maternidad temprana es una de las consecuencias más graves de las desigualdades sociales y de género y, a su vez, también es una causa poderosa que perpetúa y profundiza estas mismas desigualdades, por medio del fenómeno conocido como trasmisión intergeneracional de la pobreza.

Los datos que acabo de mencionar demuestran claramente que en nuestra región existe un acceso asimétrico a los servicios de salud reproductiva que se traduce en un ejercicio también asimétrico de los derechos humanos, ya se trate del derecho básico a la supervivencia o de los derechos reproductivos más elementales. En general las personas más pobres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva ni a la información que necesitan para llevar adelante una vida digna. Porque carecen de este tipo de acceso terminan siendo vulnerables a situaciones tales como embarazos no deseados, morbilidad y mortalidad materna, infecciones por VIH o hechos de violencia sexual que los hunden aún más en la miseria y que ayudan a perpetuar el ciclo vicioso de la pobreza en tanto ésta termina transmitiéndose de madres a hijas. Porque carecen de este tipo de acceso las mujeres terminan presas de su rol reproductivo y no tienen la posibilidad de desarrollarse como miembros plenos de la sociedad. En definitiva, porque carecen de este tipo de acceso terminan en una situación de inferioridad de condiciones con respecto a los hombres.

Esta situación es triste de por sí, pero es todavía más triste porque podría evitarse. Tenemos los métodos anticonceptivos necesarios para prevenir los embarazos no deseados. Tenemos las tecnologías necesarias para llevar adelante embarazos sin complicaciones. Tenemos la capacidad de enseñar conductas sexuales seguras y de tratar la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Tenemos la capacidad de hacer abortos seguros ya sea con medicamentos o mediante intervenciones médicas. Lo que nos hace falta es la voluntad política para usar todos estos recursos de manera amplia.

Afortunadamente en muchos países de nuestra región, aunque no en todos, se han dado una serie de avances importantes en materia legislativa o de políticas públicas para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A modo de ejemplo podemos mencionar la política de salud sexual y reproductiva adoptada por Colombia en 2003, la ley de paternidad y procreación responsable argentina de 2002, la ley de planificación familiar brasileña de 1996, o la ley de desarrollo social guatemalteco de 2001. Además, muchos países le han dado rango constitucional a los derechos de las mujeres protegidos en diferentes tratados regionales e internacionales, como por ejemplo la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém Do Pará), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, y los programas de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Estos avances en el campo legislativo son positivos y merecen ser celebrados y extendidos a todos los países. Podríamos extender a todos los países los avances logrados por Brasil en lo que respecta a prevenir los contagios por VIH y prestar atención gratuita a las personas que viven con SIDA. Podríamos extender a todos los países los avances logrados por Argentina en lo que respecta a asegurar la gratuidad de los métodos anticonceptivos para toda la población. Podríamos extender a todos los países los avances logrados por la Ciudad de México en lo que respecta al acceso al aborto seguro.

Pero estos avances también son insuficientes. Y son insuficientes por dos motivos que voy a analizar a continuación: en primer lugar por las fallas en la implementación de las leyes y, en segundo lugar, por las deficiencias propias de la legislación.

Con respecto al primer punto es importante remarcar que las leyes de salud reproductiva adolecen de un mal común a casi todas las leyes de nuestra región: el no cumplimiento o el cumplimiento a medias de lo que establecen por escrito. Por ejemplo, la gratuidad de los métodos anticonceptivos, la calidad de los servicios de planificación familiar y el adecuado financiamiento de los programas de salud reproductiva, a pesar de estar reconocidos legalmente, no siempre se plasman en la realidad. Este déficit en la implementación es grave porque, como mencionaba antes, tiene un impacto directo sobre los niveles de desigualdad ya que limita la posibilidad de las mujeres, fundamentalmente de las más pobres, de acceder a servicios de salud reproductiva.

Para solucionar este primer problema es urgente que pasemos de las promesas del papel a las soluciones de la realidad y ustedes, en su condición de legisladores, pueden hacer mucho. Por ejemplo, pueden apoyar la aprobación de leyes favorables. Por ejemplo,  pueden velar porque el presupuesto nacional incluya partidas específicas para financiar los programas de salud sexual y reproductiva. Y una vez que asignan estas partidas pueden velar porque el Poder Ejecutivo haga un uso eficiente de la totalidad de los fondos aprobados. Una manera de lograrlo es solicitando que el Ministerio de Salud rinda cuentas ante el Congreso sobre el uso de los recursos presupuestados y sobre el estado de implementación de los programas de salud sexual y reproductiva. Esta tarea de seguimiento es de importancia fundamental porque en muchos de nuestros países los gobiernos gastan menos en salud de lo que autorizan los congresos, desviando  los fondos hacia otros fines que consideran más importantes, como por ejemplo el área de defensa.

El segundo motivo por el cual las leyes de salud reproductiva son insuficientes tiene que ver con el hecho de que éstas no tienen una mirada comprensiva y dejan de lado temas centrales para el bienestar de las mujeres. Dos ejemplos concretos son el aborto y la anticoncepción de emergencia.

Con respecto al tema del aborto, es notorio que en todos los países de la región existen una serie de barreras legales o sociales que tiene el efecto contrario al que persiguen. Es decir, no suprimen el problema que intentan abordar sino que contribuyen a aumentar las tasas de abortos inseguros y los niveles de morbilidad y mortalidad materna. Nuevamente, esto es especialmente cierto entre las mujeres de menores recursos.

Como resultado de esta situación cada año 4 millones de mujeres latinoamericanas se someten a abortos inseguros intentando poner fin a embarazos no deseados producidos por la falta de información sobre salud sexual y reproductiva, por la violencia de género, por las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, por no tener conocimiento sobre estos métodos o por no poder adquirirlos por razones económicas o por la deficiente atención prestada por el Estado.
 
Cada vez más, legisladores y legisladoras, ministros y ministras y hasta jefes de gobiernos, están manifestando el deseo de cambiar esta situación que victimiza a las mujeres más pobres de la región. En la reciente visita del Papa a mi país, el Presidente Lula reafirmó que el aborto es un problema de salud publica y que no se puede encarcelar a las mujeres desesperadas que mueren o tiene graves problemas de salud por recurrir a abortos inseguros, y que el Brasil es un estado laico donde no se puede imponer una creencia en particular a todos sus ciudadanos. Algunos países como Colombia, y más recientemente la Ciudad de México, han liberalizado el acceso al aborto seguro. Este es un hecho importantísimo que merece ser celebrado. El coraje demostrado por los legisladores de la Ciudad de México frente a la amenaza de excomunión esgrimida por la jerarquía de la Iglesia Católica debe servir como ejemplo para todos los legisladores de la región.

Lamentablemente, otros países como Nicaragua se han movido en el sentido contrario, promulgando una prohibición total del aborto sin siquiera contemplar el riesgo de vida de la madre como una causal válida. Además, incluso en aquellos países donde el aborto terapéutico es legal, los profesionales de la salud muchas veces se niegan a realizarlo por falta de protocolos o guías que respalden su intervención o como consecuencia de demandas judiciales interpuestas por grupos conservadores. Un caso notorio en este sentido fue la demanda presentada por un grupo provida argentino para impedir que una menor de edad que tenía una severa discapacidad mental y que quedó embarazada como consecuencia de una violación pudiera acceder a un aborto seguro, aun cuando esta posibilidad se encontraba reconocida en el código penal del país.

Demás está decir, por otro lado, que los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y la administración Bush, a través de la llamada Ley Mordaza, también han hecho su aporte para dificultar aún más la posibilidad de acceder a abortos seguros.

En definitiva, para reducir el grave impacto de los abortos inseguros es necesario liberalizar las leyes en esta materia y, además, hacer todo lo posible para disminuir la necesidad de estas prácticas. Y esto me lleva al segundo ejemplo de los temas que requieren mayor atención en las leyes de salud reproductiva vigentes. Para reducir la necesidad de recurrir a abortos tenemos que asegurar que las mujeres tengan acceso pleno a toda la gama de métodos anticonceptivos, incluyendo, desde luego, la anticoncepción de emergencia.

En la actualidad en muchos países de nuestra región el acceso a la anticoncepción de emergencia se encuentra reglamentado únicamente por normas de los ministerios de salud, lo que en principio debería ser suficiente por tratarse de un método anticonceptivo como cualquier otro. Sin embargo, la oposición de los grupos conservadores radicalizados ha creado la necesidad de que se aprueben leyes que garanticen de manera expresa el acceso a la anticoncepción de emergencia y que refuercen y den mayor peso a lo establecido por las normas de los ministerios de salud.

Las limitaciones en el acceso a la anticoncepción de emergencia refuerzan la situación de desigualdad y de falta de empoderamiento entre las mujeres más pobres, porque este método suele estar disponibles en las farmacias pero a precios prohibitivos para los sectores populares.

Se necesitan leyes que además de asegurar el acceso gratuito a los anticonceptivos de emergencia promuevan campañas educativas que informen a la población que este método es para casos de urgencia y que sólo sirve para evitar los embarazos no deseados luego de haber tenido una relación no protegida, pero que no impide el contagio de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Por eso estas campañas siempre deben recordar la importancia del uso del condón en cualquier relación sexual, dentro o fuera del matrimonio, si se conoce o sospecha del riesgo de infección.

Desde el punto de vista de la salud pública, como señalaba anteriormente, la anticoncepción de emergencia es clave porque disminuye el número de embarazos no deseados y por consiguiente la necesidad de recurrir al aborto, dando lugar a una disminución en las tasas de morbilidad y mortalidad maternas.

Estos son sólo algunos de los temas que requieren atención urgente si realmente deseamos abordar el problema de la desigualdad de género. Ustedes, como legisladores y legisladoras, como ministros y ministras, tienen el poder en sus manos para ayudar a solucionar los problemas de salud, de derechos humanos y de injusticia social que acabo de mencionar. Tienen en sus manos la posibilidad de ayudar a colocar a hombres y mujeres en pie de igualdad. Pero el momento de actuar es ahora. Es ahora que debemos crear leyes que salven la vida de las mujeres. Es ahora que debemos asignar recursos para que las adolescentes puedan evitar los embarazos no deseados. Es ahora que los gobiernos deben rendir cuentas sobre la implementación de los programas de salud reproductiva que aseguren a las mujeres pobres los mismos derechos que a las ricas. Nuestra esperanza por un mundo mejor, sin desigualdades, está en sus manos.