Utilizando la ley para reducir las disparidades de salud en el Perú

El Perú avanzó mucho en los últimos años en cuestiones de desarrollo, con un fuerte crecimiento económico y poca inflación. Sin embargo, a pesar de estos logros, existen todavía grandes desigualdades entre los más de 29 millones de habitantes del país: el 54% de la población vive en situación de pobreza, y el PNUD estima que de este sector, el 19% sobrevive con menos de un dólar por día.

En este contexto, las oportunidades económicas, educativas y creativas de los aproximadamente ocho millones de peruanos entre 10 y 24 años de edad son limitadas. Además, este grupo también debe superar enormes desafíos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva tales como planificación familiar y educación integral en sexualidad, que les permitirían realizar una transición sana hacia la adultez. Según el Ministerio de Salud, menos del 2,6% de los adolescentes utiliza métodos anticonceptivos y, si bien las tasas de embarazo en adolescentes son bajas comparadas con otros países de la región, los promedios nacionales ocultan grandes disparidades, donde las mujeres más pobres y con menor nivel educativo tienen mayores probabilidades de haber dado a luz.

Estos desafíos se ven exacerbados por normas nacionales que impiden que los adolescentes menores de 18 años tengan acceso a los condones, a los métodos para el anticonceptivo, a las pruebas de embarazo y a la orientación en clínicas públicas sin el consentimiento de los padres. Además de los obstáculos legales, los jóvenes también se enfrentan con barreras prácticas y sociales para acceder a los servicios, especialmente si pertenecen a comunidades marginadas económica, social y culturalmente. Como parte de sus esfuerzos para reducir la mortalidad materna, el Ministerio de Salud promulgó lineamientos para facilitar el acceso de los adolescentes a la información sobre planificación familiar. Sin embargo, hasta el momento, la implementación de políticas de salud favorables para los adolescentes ha sido lenta.

Desde la formulación de estos lineamientos en el nivel nacional hace cuatro años, muchos defensores de la juventud en el Perú están buscando una manera de acelerar la aplicación de políticas y legislación favorables para los jóvenes. A través del proyecto Voces, la IPPF/RHO y nuestra Asociación Miembro en el Perú, INPPARES, invirtieron sus esfuerzos en la creación de una fuerte red de 20 organizaciones juveniles que demandan rendición de cuentas para la implementación de políticas de salud adolescente en tres regiones del Perú.

Para cambiar esta realidad, mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva y reducir los embarazos adolescentes no deseados, el Perú necesita algo más que políticas fuertes. “Uno de los principales problemas que enfrentamos en el Perú es que hay muchas leyes, políticas y programas en el área de salud sexual y reproductiva”, dice Carrillo, “pero muy pocos han sido implementados. A pesar de los avances en el nivel nacional, siguen existiendo vacíos importantes en el nivel local”. Gracias al proyecto Voces, INPPARES ha liderado un esfuerzo concentrado para dar seguimiento a la implementación de normas y políticas ya existentes, como las normas para la educación integral en sexualidad, y para pedir rendición de cuentas a organismos gubernamentales y otros actores clave. Según Carrillo, este proceso va más allá de la capacitación de los gobiernos en el área de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. “Se trata, en realidad, de acompañar al gobierno para que se responsabilice por la implementación de políticas”, afirma Carrillo. “Se trata de asegurarse de que los gobiernos regionales de todo el país participen en este proceso y dediquen sus propios recursos regionales a ese fin”.

Este énfasis en el nivel regional también llevó a un aumento de la participación política de los jóvenes. En el Departamento de Lambayeque, en el norte del Perú, se logró organizar una reunión con funcionarios del gobierno para conversar acerca de la implementación del programa de salud sexual y reproductiva juvenil. Luego de esta reunión, se creó un Consejo Regional de la Juventud para la vigilancia y el control ciudadanos. Esta fue una gran victoria pues sólo existen cinco de estos concejos ciudadanos en el Perú. Este logro encaja perfectamente dentro de los objetivos del proyecto Voces – crear y fortalecer espacios para la vigilancia y el control ciudadanos – y representa un paso importante hacia la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en el Perú.

“En definitiva, este proyecto le dio voz a gente a la que se le había negado verdadera voz y visibilidad en el proceso político”, dice Carrillo. “Es un logro importante: gente que era invisible está empezando a adquirir visibilidad y está siendo tomada en cuenta por las autoridades en los niveles regional y nacional. La gran lucha que alimenta nuestro trabajo es la reducción de estas desigualdades para que el crecimiento económico beneficie a todos, y para poder decir que las leyes y marcos legales del Perú son algo más que meros compromisos simbólicos”.


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