Declaración escrita de IPPF por CPD2012

La Federación Internacional de Planificación Familiar es una organización proveedora de servicios de alcance mundial y una importante defensora de la salud y los derechos reproductivos y sexuales de todos. Somos un movimiento de organizaciones nacionales que trabajan con y para las comunidades de 173 países de todo el mundo. Nuestra labor consiste en ofrecer a los jóvenes1 la información que precisan para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con conocimiento de causa, y también los medios para acceder a los servicios (clínicos o no) cuando sea necesario.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo reconoce expresamente las necesidades de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva y determina que se han desatendido en gran medida. También reconoce el derecho de los adolescentes a acceder a los servicios y la información de salud sexual y reproductiva de una manera que respete la privacidad y la confidencialidad de los usuarios. No obstante, en 2011, cuando la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, la mayor parte de este grupo de edad vive en países que cuentan con un acceso limitado a esos recursos. La necesidad de prestar servicios de salud sexual y reproductiva a los jóvenes es indiscutible: en los países en desarrollo, casi 13 millones de adolescentes dan a luz cada año, generalmente sin estar preparadas física, económica o emocionalmente; las complicaciones del embarazo y el parto siguen siendo la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad en los países en desarrollo; la mitad de las nuevas infecciones por VIH se producen entre los jóvenes; y se calcula que cada día entre 4.000 y 5.000 jóvenes contraen el VIH. Una chica de un país en desarrollo que estudia durante siete años o más, se casa cuatro años más tarde y tiene 2,2 hijos menos. En cambio, una chica del Chad tiene más probabilidades de morir durante el parto que de recibir educación secundaria. Por lo tanto, es necesario que los jóvenes tengan acceso a la información y a los anticonceptivos para que puedan salir de los ciclos de pobreza y desigualdad por razón de sexo que se han transmitido a lo largo de generaciones.

Para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, los jóvenes encuentran ciertas barreras que se suman a los obstáculos relacionados con la edad, o se agravan por esos obstáculos. Muchas de esas barreras tienen que ver con la denegación de información o de servicios, que no hace más que intensificar la vulnerabilidad de los jóvenes. También supone una violación directa de los derechos que les han sido otorgados en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

Los padres, tutores, profesores, profesionales de la salud y otros adultos que trabajan con y para los jóvenes tienen la responsabilidad de apoyarlos y darles oportunidades de aprender para que lleguen a ser capaces de hacer la transición de la dependencia a la autonomía. Esto es especialmente cierto en el caso de la salud sexual y reproductiva; es preciso encontrar un equilibrio entre proteger a los jóvenes del abuso o la explotación y permitirles que expresen de forma libre y autónoma su voluntad y su intención.

Cada persona desarrolla sus capacidades a su ritmo y en función de sus circunstancias vitales. La organización sostiene que la edad no debería utilizarse como indicador de la capacidad de una persona joven para tomar decisiones de forma autónoma. Sin embargo, con frecuencia se recurre a la edad para determinar la capacidad jurídica, y también en la valoración personal de los profesionales de la salud, lo cual puede hacer que se perpetúen actitudes proclives a los juicios de valor. Las leyes que exigen el consentimiento o la notificación de los padres para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva son una manifestación de la presunción de incapacidad. Esas leyes siguen vigentes, pese al llamamiento realizado en el párrafo 7.45 del Programa de Acción para que los Estados eliminen los obstáculos jurídicos que impiden a los jóvenes acceder a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva. No obstante, las disposiciones legales y normativas que exigen la participación de los padres en las cuestiones de salud sexual y reproductiva suelen disuadir a los jóvenes de acceder a los servicios por miedo a que sus padres descubran que tienen una vida sexual activa. Esto va en contra del derecho de los jóvenes a la privacidad, la confidencialidad y el nivel más alto posible de salud.

La Federación Internacional de Planificación Familiar cree que se debería alentar a los jóvenes a implicar de forma voluntaria a sus padres, tutores o a otros adultos de confianza en sus procesos de toma de decisiones. La organización reconoce la función positiva que pueden desempeñar los adultos en la vida de los jóvenes. Si bien las opiniones y los conocimientos de sus pares son muy importantes para los jóvenes a la hora de adoptar decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, los estudios demuestran que, cuando se trata de acceder a los servicios de salud, los jóvenes preferirían contar con el apoyo de un adulto de confianza.

En el caso de los jóvenes, la estigmatización relacionada con la salud sexual y reproductiva se agrava debido a la edad y las normas que rigen la sexualidad de los jóvenes. La estigmatización implica que los jóvenes no se sientan libres para expresar su sexualidad, hablar abiertamente de sexo con sus padres o tutores o tener acceso a la información y los servicios sobre salud sexual y reproductiva. Las comunidades, las familias y las instituciones religiosas tienen el deber de fomentar un diálogo abierto y objetivo sobre la sexualidad de los jóvenes con miras a reducir la estigmatización.

La autoestigmatización es una fuerza poderosa que impide a los jóvenes acceder a la información y los servicios que necesitan debido a sentimientos de temor, culpabilidad o vergüenza. Esto se aplica en particular a las muchachas que tienen una vida sexual activa; los jóvenes que son gays, lesbianas, trans o bisexuales; los jóvenes que viven con el VIH; y, en algunos casos, los muchachos y las muchachas que no están casados. Los profesionales sanitarios, las comunidades y las instituciones públicas deberían adoptar una actitud libre de prejuicios para reducir la estigmatización y fomentar la prestación de servicios para todos. La promoción de los servicios de prevención y asesoramiento también pueden asegurar a los jóvenes que podrían precisar esos servicios que cuando acudan no se dará por hecho que tienen una vida sexual activa.

Las escuelas primarias y secundarias ofrecen una gran oportunidad para facilitar a los jóvenes la información y los conocimientos prácticos acerca del sexo, la salud y las relaciones, así como para cuestionar normas perjudiciales sobre los géneros o de otro tipo que perpetúan la mala salud sexual y reproductiva. A pesar de esto, en muchos lugares se imponen las objeciones sin fundamento científico que suponen que facilitar esa información fomentará la actividad sexual. Con frecuencia los educadores no están debidamente capacitados o no se sienten cómodos informando a los jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva y sus derechos en este ámbito. Los Estados Miembros deben crear conciencia de la importancia de la educación sexual y formar a los educadores para que se sientan cómodos al impartir educación sexual a los jóvenes de todas las edades. También es necesario asegurar que la educación sexual integral forme parte de la educación no académica. La educación oficial ofrece una oportunidad ideal para llegar a los jóvenes. No obstante, muchos de ellos, en particular las muchachas, abandonan la escuela a una edad muy temprana. Por tanto, todos los programas nacionales de educación sexual integral deben poner especial empeño en llegar a los niños no escolarizados y otros grupos de jóvenes marginados.

Muchos jóvenes también encuentran “barreras de acceso” que tienen que ver con los medios prácticos o logísticos por los que acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva. Los jóvenes, especialmente los adolescentes, tienen menos posibilidades de desplazarse y por lo tanto les resulta difícil llegar a lugares donde puedan acceder a servicios e información. También existen obstáculos financieros cuando no se han adoptado medidas para que los jóvenes puedan acceder a los servicios a un costo reducido. El horario de los lugares de servicio también puede ser un obstáculo si coincide con el horario escolar o laboral. Prestar servicios de salud sexual y reproductiva en lugares y horarios accesibles para los jóvenes es una forma de facilitar el acceso.

Cada día 500.000 jóvenes contraen alguna infección de transmisión sexual (distinta del VIH) y el 45% de las nuevas infecciones por el VIH se dan en jóvenes. Cada año 2,5 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años se someten a abortos practicados en condiciones de riesgo que ponen en peligro su vida y su salud, sin embargo, en este grupo de edad, las necesidades no atendidas de anticonceptivos se sitúan en el 25%. Para superar este obstáculo y los señalados anteriormente, los programas destinados a mejorar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes han de incluir tres pilares esenciales: a) una educación sexual integral; b) servicios de salud sexual y reproductiva apropiados para los jóvenes; y c) el cambio político y social necesario para crear unos entornos favorables en los que los jóvenes puedan hacer realidad su salud sexual y reproductiva y ejercer sus derechos en esta esfera.

Proporcionar una educación sexual integral es una intervención esencial para garantizar que todos los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, estén en condiciones de elegir y decidir con conocimiento de causa y puedan actuar en función de sus decisiones. Una educación sexual integral va más allá de facilitar información sobre salud y sexualidad; también se propone desarrollar el pensamiento crítico, la confianza, la aptitud para la comunicación, la capacidad de tomar decisiones, la equidad entre los sexos y la participación cívica basada en los derechos.

Los jóvenes deben tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva apropiados para ellos, esto es, de fácil acceso, abiertos, equitativos y de gran calidad. No hay que subestimar la importancia de que los profesionales de la salud y el personal que atienden a los jóvenes estén cualificados y no sean proclives a emitir juicios de valor.

En los programas de promoción de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, hay que dedicar atención y recursos especiales a erradicar las normas perjudiciales sobre los géneros y la desigualdad. La Federación Internacional de Planificación Familiar fomenta un enfoque positivo hacia la sexualidad de las jóvenes y las niñas con el fin de ayudarlas a llegar a ser unas personas seguras de sí mismas, autónomas, que tomen sus propias decisiones. Todas las jóvenes y las niñas tienen derecho a tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva, según la evolución de sus capacidades. Denegar a las jóvenes y las niñas el derecho a informarse y los medios para actuar en función de sus decisiones perpetúa la desigualdad y la mala salud. La capacidad de ejercer el derecho a decidir está condicionada tanto por la familia y la comunidad como por las normas sociales y las políticas.

La organización cree que los programas destinados a erradicar las normas perjudiciales sobre los géneros y la desigualdad también deben implicar a los jóvenes y los niños. Esos programas deben dejar atrás el enfoque que los considera transgresores de derechos para adoptar un enfoque orientado a sus intereses y que atienda de manera más eficaz sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Recomendaciones

La Federación Internacional de Planificación Familiar cree que los jóvenes tienen derecho a la información para tomar decisiones con conocimiento de causa, y también a acceder a los servicios necesarios para hacer realidad esas decisiones sin temor a represalias y sin avergonzarse. Reconociendo que los jóvenes, incluidos los adolescentes, son titulares de derechos a quienes se aplican los derechos establecidos en los convenios y las convenciones de las Naciones Unidas, y reconociendo que el acceso a la educación sexual integral y a los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales para que una persona joven alcance el más alto nivel de salud posible, la organización considera que los Estados miembros deben:

• Derogar las leyes que restringen el acceso de los jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidas las que requieren la autorización de los padres o esposos, y abstenerse de aplicarlas

• Hacer referencia solo a datos científicos comprobados cuando se formulen las políticas educativas y los planes de estudios sobre educación sexual, y destinar recursos a reforzar la base empírica

• Ofrecer a los jóvenes oportunidades para obtener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para tomar decisiones con conocimiento de causa sobre su salud sexual y reproductiva, incluso impartiendo educación sexual en las escuelas

• Reconocer tanto en principio como en las leyes la capacidad cada vez mayor de los jóvenes para autorizar el tratamiento, los servicios y la atención en materia de salud sexual y reproductiva

• Adoptar medidas para determinar las necesidades reales y percibidas de los jóvenes en relación con la salud sexual y reproductiva, y hacerlos participar en la determinación y atención de esas necesidades

• Eliminar los obstáculos prácticos y logísticos que encuentran los jóvenes al acceder a unos servicios que salvan vidas y las mejoran, incluso mediante la reducción de los obstáculos financieros y geográficos

• Asegurarse de que todos los jóvenes que necesiten anticonceptivos tengan acceso a ellos

• Velar por que todos los jóvenes tengan a su disposición un conjunto completo de servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto sin riesgo

• Asegurarse de que los profesionales de la salud estén debidamente capacitados para facilitar información y prestar servicios a los jóvenes, también a los que tienen una vida sexual activa, sin juzgarlos

• Velar por que se imparta capacitación a un número suficiente de educadores para proporcionar una educación sexual integral a los jóvenes desde una edad temprana

• Fomentar la educación de padres, tutores, comunidades y otros, para facilitar orientación y apoyo a los jóvenes a medida que van madurando, de conformidad con el párrafo 7.48 del Programa de Acción

• Reconocer la importancia de las escuelas en la difusión de la información y la presentación de los servicios de salud sexual y reproductiva a los jóvenes

• Resolver la desigualdad en el acceso a los servicios de los jóvenes, sobre todo los de zonas rurales

• Asegurarse de que estén disponibles los datos para evaluar los avances a fin de alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud sexual y reproductiva para los jóvenes

• Asegurarse de que los jóvenes participen de forma significativa en la toma de decisiones y en la programación a nivel local, nacional e internacional.


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