Yo soy una activista por el derecho al aborto, acabando con la violencia.

Oriana López Uribe, Colaboradora Invitada

Es difícil comenzar a escribir sobre cualquier tipo de violencia, pero en especial creo que la violencia basada en género es uno de los retos más grandes, no porque no exista o sea complicado encontrar ejemplos, sino porque muchas veces es invisibilizada por la gente que considera “normales” y aceptables muchas conductas que denotan un desprecio para aquellas personas que no entran en la idea de cómo debemos comportarnos de acuerdo a nuestro género que se ha establecido socialmente.

Sin interés de dar una definición bibliográfica de qué es la violencia basada en género, para mí en pocas palabras, es toda acción que tiene como objetivo controlar a las personas para que encajen en el estereotipo prefabricado de qué es ser mujer y qué es ser hombre.

La región Latinoamericana y Caribeña posee algunas de las leyes más restrictivas del mundo con respecto al aborto. Este constituye un acto de violencia contra las mujeres porque es un procedimiento que sólo es requerido por ellas. Esas restricciones responden a la lógica del sistema de controlar lo que pueden o no hacer las mujeres. Dentro de esa lógica, se impone un estereotipo de maternidad usando a las leyes como ejecutoras de la violencia estructural contra las mujeres.

Las leyes que penalizan y restringen el aborto impiden que se conciba a las mujeres como tomadoras de la decisión de querer o necesitar someterse al procedimiento. En lugar de ser ellas mismas, se le atribuye al personal médico, jurídico o de gobierno la capacidad de tomar la decisión, minimizando así la validez del poder autónomo que cada mujer tiene para decidir sobre un proceso fisiológico y un procedimiento médico que suceden en su cuerpo.

El no tener acceso a servicios de aborto legal constituye un acto de violencia basada en género, ejercida por el estado, las personas que legislan, y es el sistema en su conjunto el que perpetúa esa violencia. Esa normalización de la violencia hacia las mujeres permea la manera en la que la sociedad reacciona ante la decisión personal de una mujer, potenciando las condiciones de desigualdad y las consecuencias de la violencia en la vida de cada mujer que decide.

Limitar o prohibir los abortos sólo da como resultado que las mujeres que desean o necesitan interrumpir su embarazo recurran a medios inseguros. En el caso de mujeres con recursos económicos y/o con redes sociales sólidas les resultará complicado, pero posible, acceder a un servicio seguro; sin embargo las mujeres más jóvenes y con menos recursos, tendrán también redes sociales más débiles y no correrán la misma suerte, y se verán obligadas a recurrir a un método inseguro para interrumpir su embarazo.

El hecho de que una mujer se vea obligada a recurrir a un aborto inseguro es una de las cosas más terribles de nuestra sociedad, estamos permitiendo que mujeres mueran o sufran daños permanentes en su salud física y emocional, por el simple hecho de querer tomar sus decisiones. Las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones a pesar de los esteretipos. Culturalmente nos educan con la intención de obedecer, y se dice que “por el bien común” y de acuerdo al estereotipo culturalmente arraigado, una mujer nunca debería pensar en su bienestar individual. Sin embargo la decisión de recurrir al aborto empodera una y otra vez nuestra autonomía de conocimiento sobre qué es lo mejor para nosotras mismas, y aún así muchas mujeres se ven ante el dilema de justificar su decisión basadas en “el bien común”, para poder permanecer en el estereotipo que fue creado para nosotras.

En México, la violencia basada en género que el sistema ejerce sobre la decisión de interrumpir un embarazo permea en la sociedad de tal forma que cada ciudadano se siente con el poder de ejecutar ese acto de violencia hacia las mujeres que han decidido abortar, convirtiéndose en verdugos de las mujeres.

Después de los lamentables retrocesos en constituciones locales de varios estados en México se ha podido observar cómo personal médico denuncia a las mujeres ante las autoridades, antes de cumplir con su obligación de atenderlas, cuando ellas acuden al área de urgencias presentando complicaciones por un aborto, sin importar que en la mayoría de las veces se trate de abortos espontáneos. Pero ese mismo acto de “justicia moral“ también ocurre con las personas más cercanas a las mujeres que deciden abortar, estigmatizándolas, discriminándolas y dejándolas solas en un momento de toma de decisión que es crucial para el bienestar de esa mujer.

Existen distintos tratados internacionales que hablan sobre el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a vivir libre de toda discriminación, a la salud, a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y el derecho a tener servicios amigables, libres de estigma y discriminación para acceder a un servicio de aborto legal y seguro. A pesar de eso América Latina no ha cambiado sus leyes, ni ha logrado eliminar la violencia contra las mujeres.

Necesitamos, como activistas en derechos sexuales y reproductivos, defender el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, el derecho a desear o no ser madres, a desear posponer la maternidad, a tener absoluto alcance a todos los medios posibles para controlar nuestra fecundidad, el derecho a tener acceso a servicios de aborto dignos, de calidad, calidez, legalidad y seguridad. Y ser contundentes en nuestro lenguaje, el acceso al aborto es necesario y es una herramienta que a las mujeres nos da poder de decisión.

Oriana López Uribe es la coordinadora at Fondo MARIA.


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Clínicas abortar

El derecho al aborto debería ser un derecho fundamental en todo el mundo. Debería ser gratuito y libre. El ser madre es una responsabilidad muy grande para obligar a una madre a serlo. Los abortos ilegales o clandestinos puede ser un riesgo para la mujer. Hay que luchar por la libertad de la mujer a ser madre cuando ella quiera.

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