El mundo acciona para despenalizar el aborto

Mia Mazer, Practicas Profesionales en Comunicación y Medios

Por más de dos décadas, activistas en Latinoamérica y el Caribe se han encontrado los 28 de septiembre para reclamar a los gobiernos por la despenalización del aborto, para que se provea un acceso seguro y legal a los servicios de aborto, y para terminar con el estigma que enfrentan aquellas mujeres que han pasado por uno. Este año, tras dos décadas de activismo en Latinoamérica y el Caribe, el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe se ha expandido a escala internacional, y se ha transformado en una coalición de grupos de diferentes países del mundo que han logrado el Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion (Día Global de Acción para el Acceso Seguro y Legal al Aborto).

La región Latinoamericana y Caribeña posee algunas de las leyes más restrictivas del mundo con respecto al aborto. El aborto no es permitido por ninguna razón en 7 de los 34 países y territorios de la región, y solo es permitido para salvar la vida de una mujer en 8 países. Solo 6 países y territorios permiten el aborto sin restricciones, lo cual se traduce en menos del 5% de las mujeres entre 15-44 años de la región.

Estas políticas tienen una implicancia de suma importancia para la salud y el bienestar de las mujeres latinoamericanas y caribeñas y sus familias. La clase política puede tener la impresión que estas leyes restrictivas ayudan a reducir el porcentaje de abortos, cuando, de hecho, sucede lo opuesto. En aquellos lugares donde el aborto no es legal, las mujeres tienden a buscar gente no entrenada, haciendo uso de técnicas poco seguras o haciéndolo ellas mismas con métodos de extrema peligrosidad para su salud. Según la Organización Mundial de la Salud, 95% de los abortos en América Latina son hechos de manera insegura, y 1 en 8 de las muertes maternales en la región son producto de éstas prácticas inseguras.

Esta semana ha visto algunas señales de progreso en nuestra región. El miércoles, el Parlamento Canadiense votó 203 a 91 en contra de la M-312, un proyecto que llevaría a un comité a determinar si un feto es una vida humana o no. Aunque el proyecto fue derrotado, una victoria en este ámbito representaría una amenaza a la legalidad del aborto en Canadá, una de los pocos países en el mundo donde no hay restricciones legales al aborto.

Un debate similar ocurre en este momento en Costa Rica, donde la legislación considera al embrión humano como persona desde el momento de la concepción. Como resultado, la fertilización en vitro no está permitida en el país ya que este procedimiento pone en riesgo la pérdida de embriones humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está estudiando un caso sobre la restricción de la fertilización en vitro en Costa Rica; la decisión final de la Corte puede llegar a tener consecuencias en cuanto a las tecnologías de reproducción asistida, el aborto, y los derechos asociados a la anticoncepción.

Dos días atrás, la Cámara de Diputados del Uruguay pasó por un mínimo margen una moción para despenalizar el aborto, con 50 a 49 votos. Si llega a ser aprobada por el Senado, lo cual se espera suceda antes de fin de año, este proyecto se convertirá en ley. Este fallo controversial e importante le daría a Uruguay el estatus, además de Cuba, de ser el único país en Latinoamérica y el Caribe que permite el aborto durante el primer trimestre de embarazo.

En los últimos cinco años, ha habido varios cambios monumentales en la región, incluyendo la legalización del aborto en la Ciudad de México y el levantamiento de la restricción al aborto en casos de anencefalia en Brasil. En este Día Global de Acción para el Acceso Seguro y Legal al Aborto, celebramos estos avances y reconfirmamos nuestro compromiso al acceso legal y seguro al aborto en la región.

Continuamos nuestra labor para: reducir la necesidad de las mujeres a acudir a procedimientos clandestinos; proveer a aquellas que se someten a un aborto inseguro con cuidados post-aborto; reducir los altos índices de mortalidad materna por abortos inseguros; y promover una educación sexual inclusiva y acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no planeados. Hacemos esto porque creemos que al otorgar a individuos y familias información y servicios necesarios para poder tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva, ayudamos a crear comunidades más sostenibles y justas.


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